El discurso de Milei despierta expectativas en la Justicia, pero en el Gobierno dicen que no habrá anuncios

“Todo el Poder Judicial espera el 1 de marzo”, dicen en los pasillos más influyentes del Palacio de Justicia. Es que los jueces están revolucionados en la antesala de la asamblea legislativa.

La lista de sus preocupaciones la lideran las vacantes en la justicia nacional y federal, que llegan a un récord del 37%, lo que pone en riesgo su funcionamiento.

Además, la reforma laboral diluyó el fuero laboral e hizo desaparecer de un plumazo treinta juzgados del Trabajo, una sala de la Cámara y congeló los concursos.

Se teme que la transferencia de competencias a la Ciudad avance sobre toda la justicia nacional civil, comercial y penal, con lo que esos jueces también están en riesgo.

Además resta completar el sistema acusatorio en Comodoro Py y el resto del país, y hay un proyecto de nuevo Código Penal, que en campaña electoral se anunció que iba a ir al Congreso, pero eso no pasó.

Por si bastara algo más, la Corte sigue incompleta, con solo tres jueces (de cinco), y las vacantes además del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación.

Con este escenario, el Poder Judicial espera una señal del presidente Javier Milei cuando dé su discurso en la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo próximo.

Sin embargo, a juzgar por los trascendidos que provienen de la Casa Rosada, es probable que las expectativas de los jueces y fiscales se vean defraudadas.

“El discurso de Milei estará centrado en lo económico. De dónde vinimos y adónde llegamos. No hay anuncios en materia judicial, puede que haga alguna mención a la cobertura de las vacantes, pero nada más”, dijeron a LA NACION tres funcionarios que llevan estos temas en el seno del Gobierno en la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia.

No obstante, si hay posibilidades de que esta vez sí el Gobierno avance con el envío de los pliegos de los candidatos a jueces que ya concursaron y que están en el Poder Ejecutivo.

En total hay 203 vacantes, cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo; hay 157 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 78 concursos en trámite.

Entre esos 203 cargos vacantes hay muchos jueces y camaristas del interior del país y probablemente sean los primeros pliegos que se envíen en el próximo trimestre.

Los cargos, ya que fueron negociados y basta una mayoría simple en el Senado para que les den acuerdo a los candidatos.

Estos cargos serían para la Cámara en lo Penal Económico, donde hay solo dos de seis jueces necesarios; la justicia federal de Salta, Córdoba, Mendoza (Cámara Federal), Chubut y la Cámara Federal de San Martín.

Son cargos de la justicia federal del interior donde los gobernadores de esas provincias mostraron especial interés y el Gobierno está dispuesto a acordar.

No se habla de las estratégicas vacantes de Comodoro Py 2002: cuatro en la Cámara Federal de Casación desde este mes de marzo, cuatro en los juzgados federales de primera instancia y dos en la Cámara Federal.

Los concursos están en marcha y este año el Gobierno aumentará su poder en el Consejo de la Magistratura para incidir en esas selecciones. Daniel Angelici, el poderoso gestor de asuntos judiciales en la Ciudad, está dispuesto a jugar en esa elección apoyando a sus candidatos.

Es más, hay quienes plantean reformar en este semestre el reglamento de concursos para revisar las listas que ya tienen un orden de mérito provisorio, porque los consejeros que llegaron ahora no son los que participaron en la corrección cuando se iniciaron esos concursos. Todo cambia.

Quedarían para más adelante las vacantes de los jueces de la justicia nacional. Por lo pronto, la justicia laboral ya quedó en suspenso, con la ley aprobada en el Congreso que la diluye.

Solo quedarán 50 juzgados existentes como residuales y nueve Salas de la Cámara, hasta que se dicten sentencia en las viejas causas y se jubilen los camaristas. Por lo pronto de los 18 que hay a fin de año puede que queden una decena.

Lo que parece que está fuera de agenda del Gobierno en el avance definitivo sobre la justicia nacional y su traspaso a la Justicia de la Ciudad.

El fuero laboral fue una necesidad, luego del fallo “Levinas” de la Corte, que le cedió la competencia de revisar todos los casos al Tribunal Superior de Justicia porteño. Y contribuyó a diluir un fuero conflictivo para el Gobierno, pro-peronista, que fallaba con sentencias desproporcionadas en perjuicio de los empresarios.

Pero no hay otros avances en otros fueros, aunque se elabora un informe en el Ministerio de Justicia pensando a largo plazo en el traspaso.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia, todas las fuentes coinciden en que la idea es completarla con dos candidatos y, a futuro, si es necesario, ampliarla hasta 7 integrantes.

Quienes serán los que se encarguen de la tarea es un misterio, ya que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prepara su salida del ministerio. Antes de irse dejó una lista de candidatos, con muchas mujeres, pero no tuvo eco en el seno de la Casa Rosada.

En el Gobierno analizan que avanzarán con la Corte cuando se avance primero con los jueces de los tribunales inferiores. Están entusiasmados en la Casa Rosada por cómo cambió la ecuación en el Congreso.

Dicen las fuentes, con muchísimo optimismo voluntarista, que están “a un voto de conseguir los dos tercios” sin el kirchnerismo y con los nuevos aliados que le devolvieron gobernabilidad. Y señalan que cuando tengan todos los votos, ahí avanzarán con un paquete que incluya al Procurador General y al Defensor General.

“Nada se va a resolver por ahora, todo será más adelante”, dijo una fuente de la sede de Gobierno.

En tanto, está en la puerta del Congreso, pero aún no ingresa, el proyecto de nuevo Código Penal.

Elaborado por una comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, trabajada luego por el ministro Cúneo Libarona y completada con sugerencias de Patricia Bullrich, el texto aún no se presenta.

Son 920 artículos, unificando el texto vigente desde hace 100 años de 316 artículos. Este proyecto busca endurecer las penas, incluyendo delitos graves como homicidio y narcotráfico, y tipificando delitos contemporáneos como la pornovenganza y el secuestro virtual.

Además, se establece la imprescriptibilidad para ciertos delitos y se elevan las penas para delitos frecuentes como robos y estafas. La reforma también incluye cambios en la legítima defensa.

Dada la magnitud del proyecto y su extensión, que prevé una discusión que puede llevar años, hay una sugerencia en el Gobierno de partirlo en dos.

Por un lado, quienes tienen esta idea sugieren enviar al Congreso toda la primera parte referida a los aumentos de penas y la parte general, que incluye unos 90 artículos.

Y por otro lado, dejar los nuevos delitos, los cambios en el ciberdelito, los delitos especiales, en leyes complementarias, como la ley penal juvenil y que sean tratados de manera individual. Nada está dicho.