Una familia de Texas presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por un operativo que ocurrió en enero. En la ciudad de Donna, agentes federales saltaron una cerca e irrumpieron en una propiedad donde vivían dos migrantes sin una orden judicial. En el proceso, los oficiales habrían usado fuerza excesiva contra los hijos de los extranjeros.
El hecho ocurrió en enero, pero el reclamo judicial se presentó el 18 de febrero. De acuerdo con lo que se puede ver en un video de las cámaras de seguridad que compartió la cuenta de X @KimKatieUSA, los agentes del ICE saltaron la cerca y redujeron a Humberto García, ciudadano estadounidense que vive en la propiedad.
El operativo en Texas por el que una familia demandó al ICEDe acuerdo con el documento, estas son las claves de la demanda que presentó la familia:
En diálogo con Univision, el abogado que se encarga del caso, Raed García, habló sobre las acciones de la entidad federal y las violaciones que constituyen este tipo de accionar.
“Fueron víctimas de un allanamiento ilegal a su residencia”, comenzó el letrado con respecto a la familia García. Además, dijo que este modus operandi está avalado por las autoridades y que no corresponde a una acción aislada de estos agentes: “El DHS se siente con la autoridad de violar la ley”.
En esa misma línea, expresó que la Cuarta Enmienda protegía a la familia García de sufrir un allanamiento que no tenga autorización judicial: “Necesitas una orden de un juez que diga exactamente dónde puedes entrar, a quién vas a buscar, qué es lo que vas a encontrar y hasta dónde vas a entrar”
Por último, detalló que fueron más de 15 agentes los que participaron del mencionado operativo en Texas.
La directiva contra la que apunta la demanda y por la que la agencia procede sin autorización de un juez corresponde a un memorando de mayo de 2025 que se filtró a comienzos de 2026.
De acuerdo con el archivo al que accedió Associated Press en su momento, el documento indica a oficiales del ICE que pueden entrar a propiedades si existe una orden de deportación, que son emitidas internamente por la agencia.
Además de que abogados denuncian que es inconstitucional, la normativa contradice a las guías formales para formación de nuevos oficiales que fueron aprobadas por la entidad en 2025.


