La Corte intervino en la causa contra Bullrich y tomó una decisión clave sobre la investigación

La Corte Suprema resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia presentada contra la ex ministra de Seguridad, actual senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial realizado en las inmediaciones del Congreso.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes siguieron el dictamen de la Procuración General en el marco de un conflicto de competencia entre el juzgado federal y el juzgado nacional en lo criminal y correccional N° 28 sobre quién debía continuar con el caso.

La causa se originó a partir de una denuncia del diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, contra Bullrich por haber ordenado, en su rol de ministra de Seguridad, el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso, donde —según la presentación judicial— se ejerció violencia contra manifestantes.

Ese día, organizaciones piqueteras se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Durante la protesta, los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito. La jornada terminó con varios enfrentamientos y alrededor de treinta heridos, entre ellos ocho periodistas, mientras Bullrich monitoreaba el operativo.

Tras recibir la causa, el juez Martínez De Giorgi consideró inicialmente que el expediente estaba vinculado con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que estableció el protocolo de actuación ante cortes de vías de circulación. Por ese motivo, declinó su competencia en favor de un juez del fuero ordinario que intervenía en una causa previa vinculada a un habeas corpus preventivo.

Sin embargo, desde la justicia nacional rechazaron asumir el caso al sostener que el objeto y el trámite de esa causa eran completamente distintos al de una denuncia por un delito de acción pública.

También señalaron que las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distinto fuero y que la investigación de la conducta de una ministra nacional por actos vinculados a su función corresponde a la justicia federal.

Ante ese desacuerdo, el expediente llegó a la Corte Suprema. En su dictamen, el procurador general Eduardo Casal sostuvo que las diferencias entre ambas causas eran categóricas y que la eventual coincidencia en una cuestión jurídica no alteraba las reglas de competencia ni habilitaba la acumulación de expedientes.

Con ese criterio, los jueces del máximo tribunal resolvieron hacer lugar al dictamen del Ministerio Público y determinar que sea el juez Marcelo Martínez De Giorgi quien continúe con la investigación.