Sin tarjeta ni cuenta de Google: cómo viven los jueces de la Corte Penal Internacional bajo las sanciones de Trump por investigar a Israel

La canadiense Kimberly Prost quedó en estado de shock cuando supo que el Gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones contra ella. Tras años juzgando a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio, y delitos de lesa humanidad como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el nombre de Prost apareció ahora junto al de terroristas y personas involucradas en el crimen organizado. “No me lo creía”, dijo.

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Las consecuencias fueron psicológicas y también materiales: le cancelaron las tarjetas de crédito y las cuentas de Amazon y Google. Prost se sintió sobrepasada por lo que describió como un “ataque directo y flagrante” contra el tribunal de La Haya, uno de las más importantes del mundo.

“Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva”, dijo. “Queremos que la gente entienda que es una equivocación”.

Las trabas de Trump

El Gobierno de Donald Trump no dejó de dificultar la labor de la corte desde su regreso al poder hacer un año. Hasta la fecha, sancionó a 11 de sus funcionarios, entre los que figuran el fiscal jefe y ocho jueces, que tienen prohibido viajar a Estados Unidos mientras que las empresas estadounidenses que les presten servicios se exponen a multas y penas de prisión.

Trump acusó al tribunal en una orden ejecutiva de 2025 de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y contra Israel”, al que describió como “aliado cercano”, y dejó entrever que las sanciones son una represalia por haber investigado a altos cargos de EE.UU. y de Israel. Ninguno de estos dos países figuran entre los 125 firmantes del Estatuto de Roma que en 1988 dio origen al tribunal.

Tras la orden, Canadá, Brasil, Dinamarca, México, Nigeria y otros 74 países dieron su apoyo de la corte en un comunicado conjunto. “(Las sanciones) aumentan el riesgo de impunidad por los delitos más graves y amenazan con erosionar el derecho internacional”, escribieron.

El impacto en la vida cotidiana y las familias

Antes de incorporarse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años en el programa de sanciones de Naciones Unidas. Aun así, le sorprendió el alcance de las que se impusieron contra ella. “Tiene un impacto tan grave en la vida cotidiana, no es simbólico”, dijo. “Pierdes todas tus tarjetas de crédito, independientemente de dónde se hayan emitido”.

Cosas tan sencillas como reservar un taxi, un vuelo o una habitación de hotel se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora incluían la incertidumbre de si el sistema las aceptaría o no. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivió con la preocupación constante de que desaparecieran también sus otras cuentas. “Todo se convierte en un gran desafío”, expresó.

En el caso de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la maniobra estadounidense es la segunda vez que una potencia carga contra ella por su trabajo en la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia a ella, al fiscal jefe de la corte, y a otros siete jueces, después de que la CPI emitió una orden de detención contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. Les impuso penas de hasta 15 años de cárcel.

Pero las sanciones de Estados Unidos tienen mayor calado que las de Rusia, por el peso del país en el sistema financiero mundial. Ibáñez dijo que su banco en Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito poco después de las sanciones. “¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense”, se preguntó. “Estamos detectando un exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones, algunos bancos están aterrorizados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses”.

Pero lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaban a su hija, a la que le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas de Google. “Ella vive en otra parte del mundo, no tiene ninguna relación con la CPI”, dijo. “Es triste, es una clara represalia por algo que ella no ha hecho”.

Según la jueza, ese fue el procedimiento general contra la CPI: las parejas, los padres, y los hijos de los funcionarios terminan atrapados en la red de las sanciones. “Es el tipo de persecución que el mundo no debería permitir”, dijo Ibáñez. “Estamos al servicio de la humanidad, hacemos justicia a las víctimas más vulnerables del mundo, a millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz”.

La jueza peruana defendió que la corte cumple una labor fundamental al aceptar casos de países que no pueden o no quieren juzgar delitos cometidos en su territorio. “Por eso hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”, reclamó.

Un momento difícil

Las sanciones agravan un panorama que ya era complicado para la corte, meses después de que Karim Khan, su fiscal jefe, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.

Hasta ahora, las medidas se centraron en personas concretas, pero la corte teme que Washington pueda imponer sanciones al tribunal en su conjunto. “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, y no solo para atarla de manos”, alertó el año pasado a The Guardian un alto cargo de la CPI. Según Prost, la institución se puso a trabajar desde ese momento para que eso no ocurriera. “Fue tomado muy en serio y se adoptaron una serie de medidas de precaución”, indicó.

Tanto ella como Ibáñez se muestran convencidas de que las acciones del Gobierno de Trump, aunque difíciles a nivel personal, no afectan al trabajo de la corte. “Estas medidas son completamente inútiles”, dijo Prost. “En nombre de todos los jueces y fiscales de este tribunal, puedo decir que seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia; esto no afecta a la forma en que analizamos los casos ni a cómo los resolvemos”.

Traducción de Francisco de Zárate.