Cateos a empresas: cómo evitar abusos

Abogada especializada en materia penal

Buergo Gómez Abogados, S.C

Para cualquier empresa, pocas escenas generan tanta tensión como la llegada de autoridades con una orden de cateo. No se trata solo de un procedimiento penal: es un momento que puede afectar operaciones, reputación y estabilidad financiera. Por eso, saber qué hacer —y qué exigir—es una necesidad.

Lo primero que debe verificar una empresa ante un cateo es la existencia de una orden judicial. Sin ese documento, firmado por un juez y debidamente fundado y motivado, la autoridad no puede ingresar legalmente a un inmueble privado. No basta con la presencia del Ministerio Público o de policías ministeriales: el cateo requiere autorización judicial expresa.

Además, no cualquier orden es suficiente. La empresa debe revisar en qué consiste el cateo y qué es exactamente lo que el juez autorizó buscar. Un cateo no es una carta abierta para revisar todo; tiene límites claros. Si la orden establece que se busca determinada documentación o ciertos objetos, la diligencia debe ceñirse estrictamente a esos lineamientos. Excederse puede convertir una actuación legal en una violación de derechos.

En este punto, el papel de los testigos y de los abogados es fundamental. Los testigos designados —idealmente por la propia empresa— son quienes darán fe de que la actuación de la autoridad se realizó conforme a derecho y dentro de los límites establecidos por el juez. No es un trámite menor: su presencia es una garantía de transparencia.

De igual forma, la asesoría legal durante el cateo resulta clave. El abogado puede incluso fungir como testigo dentro de la diligencia, vigilar que no se excedan las facultades autorizadas y documentar cualquier irregularidad. Muchas injusticias comienzan por desconocimiento: no exigir la orden de cateo, permitir que la autoridad designe unilateralmente a los testigos o no revisar los alcances del mandamiento judicial puede abrir la puerta a abusos.

Pero ¿qué sucede si el cateo fue ilegal? La ley contempla mecanismos de defensa. Si se considera que la diligencia no cumplió con los requisitos constitucionales o que la autoridad se extralimitó, puede solicitarse la exclusión de las pruebas obtenidas. Es decir, aquello que se recabó de manera ilegal puede ser invalidado dentro del proceso penal.

Y este derecho no desaparece con el tiempo. Puede hacerse valer en cualquier etapa del procedimiento: durante la investigación, en juicio, en apelación e incluso en un amparo directo. La ilegalidad de un cateo nunca precluye; siempre puede revisarse.

Por eso, contar con asesoría legal desde el primer momento no es una reacción tardía, es una estrategia preventiva. Una empresa bien asesorada sabe que la colaboración con la autoridad no implica renunciar a sus derechos. Exigir que las cosas se hagan conforme a la ley no es obstrucción, es ejercicio legítimo de defensa.

En un entorno donde los procedimientos penales pueden escalar rápidamente y tener consecuencias mediáticas y financieras graves, la diferencia entre una actuación ordenada y un daño irreversible muchas veces radica en el conocimiento jurídico. Cuando la autoridad toca la puerta, la empresa no debe improvisar. Debe estar preparada.