Un Congreso sobre tierras movedizas

Arrancó formalmente el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y, como si se tratara de una broma de mal gusto para los ciudadanos, diputados y senadores ya se fueron de “receso”.

Apenas trabajaron unos minutos el pasado fin de semana y, agotados por tan extenuante jornada legislativa, decidieron regresar a sus distritos, a los aeropuertos o a las playas. Los angelitos volverán a su pesada actividad parlamentaria hasta el próximo 10 de febrero. Así comienza, una vez más, un periodo que promete mucho en el discurso y muy poco en los hechos.

El contraste no podría ser más ofensivo. Mientras el país enfrenta una crisis de violencia sin precedentes, una economía que no termina de despegar y un proceso de reconfiguración política rumbo a 2027, el Congreso mantiene su ritmo pausado, casi burocrático, como si la urgencia nacional pudiera esperar. San Lázaro y el Senado siguen funcionando bajo la lógica del mínimo esfuerzo y el máximo beneficio.

Este segundo periodo no es menor. En el calendario legislativo se asoman temas sensibles, reformas de alto voltaje político y ajustes internos que definirán el equilibrio de poder dentro del oficialismo. Sin embargo, el arranque es una señal clara: no hay prisa, no hay premura y, sobre todo, no hay intención de asumir costos políticos innecesarios.

En el Senado de la República, todas las miradas están puestas en las consecuencias de la salida de Adán Augusto López del primer círculo de poder. El exsecretario de Gobernación dejó una estructura profundamente tabasqueña incrustada en la Cámara alta, una red de operadores, asesores y cuadros políticos que hoy están bajo revisión. La pregunta no es si habrá cambios, sino hasta dónde llegarán.

La nueva correlación de fuerzas obliga a mover piezas. Algunos de esos perfiles heredados del exgobernador de Tabasco ya no resultan funcionales para la estrategia del gobierno ni para el control político del Senado.

Habrá relevos, ajustes y, probablemente, sacrificios. No se trata de una purga abierta, pero sí de una cirugía silenciosa para desactivar cualquier foco de poder autónomo que pueda incomodar en la recta final del sexenio.

En la Cámara de Diputados, el ambiente también revela tensiones internas. Se nota a un Ricardo Monreal particularmente nervioso ante la salida de Adán Augusto. ¿Sabe algo que los demás no saben o se trata solo de una pose calculada para confundir a los despistados?

Lo cierto es que, más allá del gesto y la narrativa, el diputado zacatecano está hoy más firme en su posición de lo que aparenta. Si existe una intención real de renovar los cuadros legislativos del oficialismo, esa decisión no se tomará en el corto plazo y, por ahora, Monreal sigue siendo una pieza funcional para la estabilidad interna de Morena en San Lázaro.

De forma paralela, en Palacio Nacional se afinan los últimos detalles de la tan anunciada reforma electoral. Y aquí es donde el discurso épico se topa con la realidad política. A decir de los enterados, la iniciativa presidencial terminó siendo un tanto descafeinada, muy lejos de aquellas versiones radicales que prometían una transformación profunda del sistema electoral.

La razón es simple: Morena necesita mantener contentos a sus aliados. Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México aceptaron concesiones importantes, como la reducción de prerrogativas y el ajuste en el número de legisladores plurinominales. No fue un acto de convicción democrática, sino un cálculo frío: ceder un poco para no perderlo todo.

Sin embargo, la negociación no ha sido tersa. Los partidos satélite, verdaderas rémoras del sistema político, presionaron hasta el último momento para conservar cuotas de poder, espacios legislativos y márgenes de maniobra rumbo a los próximos procesos electorales. Su apoyo no es gratuito y en Morena lo saben bien. Cada voto tiene precio y cada alianza cobra factura.

Habrá que esperar la versión final de la iniciativa presidencial para medir realmente el alcance de la reforma. Lo que es un hecho es que no será el parteaguas que se prometió en el discurso público. Será, más bien, una reforma funcional, diseñada para no romper equilibrios internos y para garantizar gobernabilidad legislativa, aunque eso implique renunciar a cambios de fondo.

Mientras tanto, la oposición, léase el PAN, PRI y MC, sigue atrapada entre la estridencia mediática y la irrelevancia parlamentaria. No logra articular una agenda propia ni una estrategia que realmente incomode al poder. En este contexto, el Congreso no legisla para el país; legisla en clave electoral.

Así, entre vacaciones disfrazadas de recesos, reformas diluidas y reacomodos internos, arranca un nuevo periodo legislativo que promete ser intenso en el discurso y limitado en los resultados.

Desde San Lázaro, el mensaje es claro: la prioridad no es resolver los problemas nacionales, sino administrar el poder y cuidar la sucesión. Y para eso, al parecer, no hay prisa alguna.