¿Dónde estamos parados?

La semana pasada señalé que la intensidad y número de los temas coyunturales están impidiendo que veamos el fondo del escenario, ahí donde están asuntos de peso y trascendencia incluso generacional. También se dijo que el bombardeo propagandístico del gobierno y la incapacidad de los opositores ha desalentado a muchas personas convencidas de que la 4T llegó para quedarse mucho tiempo. Sin desearlo, los indiferentes se han vuelto ciudadanos modelo para las aspiraciones autoritarias.

Para distinguir los asuntos estructurales que afectan a la sociedad y la economía mexicanas hace falta saber dónde estamos parados. En este camino, vale la pena revisar un documento llamado: Navegando, Las finanzas públicas de 2025/ Balance del primer año del sexenio (https://mexicoevalua.org/navegando-las-finanzas-publicas-de-2025-balance-del-primer-ano-del-sexenio/), elaborado y publicado por México Evalúa (ME), una sólida institución no gubernamental. Como otras organizaciones similares, sus documentos han molestado a gobiernos de diferente signo, pero fue hasta López Obrador que les declararon la guerra por los datos y conclusiones que muchas veces desafiaban las versiones oficiales.

Por supuesto, la riqueza del documento no permite que todos los temas tocados puedan ser resumidos y analizados en el espacio de esta columna, pero vale la pena abordar algunos de ellos y sacar algunas conclusiones. A pesar del nombre del documento de ME, se trata de un texto no sólo financiero, sino con alcances políticos en la medida que toda decisión financiera conlleva una intencionalidad política. A muchos gobiernos les gusta presentar la economía y el ámbito financiero como temas estrictamente técnicos o administrativos. Nada más falso, siempre hay atrás objetivos políticos.

Empiezo por dos herencias del gobierno de AMLO que afectaron gravemente el espacio de maniobra presupuestal en el primer año de Claudia Sheinbaum. Hay que decir que desde hace algunos sexenios el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está acotado por obligaciones ineludibles: pensiones, servicio de la deuda, costo de la nómina gubernamental y un largo etcétera que deja a los gobiernos con recursos enormes en el papel, pero limitados en la realidad. Pero esta situación es más grave en el caso de la presidenta. López Obrador, de manera irresponsable, llevó a cabo un gasto enorme en 2024 con objeto de ganar las elecciones. En efecto, las ganó, pero a costa de un déficit de 5.8% del PIB, el más alto en 35 años.

Ante esto, la nueva administración propuso un programa de consolidación que bajara paulatinamente el déficit público. Para 2025 la meta era reducirlo a 3.9% del PIB. Desde el principio, los expertos fueron muy escépticos de que se pudiera lograr esto. Tenían razón, las necesidades de gasto se impusieron y el déficit cerró en 4.8% del PIB, 285 mil millones de pesos por encima del objetivo. Esto tuvo varias consecuencias. La más directa fue sobre la deuda pública y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público que llegó al 53.1% del PIB, equivalente a 18.8 billones de pesos. Más que la meta aprobada por el Congreso.

La segunda consecuencia fue el ajuste que se tuvo que hacer en la inversión pública, que cayó a su nivel más bajo en casi dos décadas. En un país que crece muy poco, recortar esta inversión disminuye las posibilidades de crecimiento y repercute en el desarrollo del país a mediano plazo. Con una inversión pública acotada, la privada tampoco se motiva para invertir en nuestro país. Si a esto le agregamos la incertidumbre provocada por los aranceles de Trump, la negociación del T-MEC y los efectos indirectos de la guerra en el llamado Medio Oriente tenemos un panorama complicado.

La segunda herencia de AMLO fue la deuda que también sirvió en su momento para fines electorales. Según el documento de ME, el “pago de intereses y servicio de la deuda pública durante 2025 ascendió a 1.31 billones de pesos (3.7%del PIB), el mayor monto desde 1993.” Este rubro creció de un año para otro en casi 10% cuando en los últimos diez años crecía a menos de 8% anual. Esta inercia requiere un programa de ajuste que ya está afectando al gasto en áreas vitales (educación, salud, seguridad, etc.)

Pero, entonces, ¿cómo es que sigue creciendo el gasto asistencial (pensiones no contributivas, becas y ayudas)? La respuesta, dice el documento, está en una mayor eficiencia recaudatoria. El SAT cobró 1.21 billones de pesos (3.4% del PIB); un nivel histórico, pero que, en la medida que la economía en su conjunto continúe debilitándose, pronto encontrará un límite.

Estamos parados en un país en el que el gobierno federal busca desesperadamente obtener más recursos de donde sea, dispuesto a recortar instituciones, gasto en salud y educación, pero que no puede reducir el gasto asistencial que le granjea el apoyo de grandes sectores de la sociedad