Entre los empresarios del gremio financiero mexicano, la simulación y el doble discurso pesan más que los estudios y la solvencia técnica.
Este pareciera ser el caso de Javier Nájera, quien, aunque presume ser un gurú financiero, fundador de Blink Capital Solutions, ex ITAM y tener más de 20 años de experiencia, en su actuar tira su discurso, pues ha demostrado que solo le importa ganar y que, cuando la ley y los jueces no le dan la razón, no duda en cruzar los límites para someter a sus contrapartes, sin importarle afectar sus propios intereses.
Para muestra, el botón más reciente. Les cuento: Nájera llegó con promesas de capitalización a través de sus firmas GLOBAL NAJIV y SANDAGE. Una vez dentro, bloqueó operaciones, boicoteó clientes y colocó a las compañías en crisis. Para rematar, presionó al fundador de la empresa para firmar un acuerdo que lo ponía en prelación de cobro, le exigía votar en el sentido que él indicara sin poder revelar al consejo de esa situación.
Las empresas afectadas acudieron a tribunales de la CDMX y obtuvieron medidas de protección. ¿La respuesta de Nájera? Denuncias frívolas, intentando usar a la fiscalía como su agencia privada de cobro de deuda e inversión. O sea, criminalizar cuestiones civiles para obtener resultados a través de la coacción y no de la razón. Primero, con una denuncia al vapor que fue archivada dos veces en Miguel Hidalgo, y otra cuya integración jamás hubiera prosperado si no fuera por la franca complicidad con Jasmín Vera Aguilar y Octavio Ceballos, ambos servidores públicos de la Fiscalía de la CDMX y sobre quienes pesan graves señalamientos por corrupción.
Irregularidades es piropo.
La carpeta CI-FIEAE/C/UI-1C/D/0085/03-2024 podría ser un caso de estudio en el IPADE sobre las complicidades inconfesables entre ciertos despachos de “alta gama” y ciertos servidores públicos de la fiscalía:
* Negativa de acceso a la indagatoria: por meses les negaron a los imputados el derecho de acceder a la carpeta.
* Aseguramiento de cuentas: solicitado únicamente con el dicho de los denunciantes y un peritaje que acreditaba que el asunto era civil, no penal.
* Constancias escondidas: ministerios públicos leales a los viejos mandos ocultaron documentos clave para después solicitar una audiencia inicial sin cumplir requisitos indispensables y dejando de incluir esa información en la carpeta de investigación, como debe ser.
Aquí están con nombre y apellido quienes operaron estas irregularidades:
* Armando Antonio Díaz Santillán, agente del MP adscrito a la Unidad de Investigación “C”.
* Noé Morales Vázquez, responsable de la Unidad “C”.
* Griselda León Vargas, responsable del área de Judicialización.
* Ricardo Sánchez Ortiz, agente del MP adscrito al área de Judicialización.
Todos ellos leales al dúo dinámico de la fiscalía de asuntos especiales: Jasmín y Octavio, y fueron quienes organizaron que se pidiera a escondidas una audiencia inicial sin tener elementos suficientes y omitiendo informar de pruebas, pagos y actuaciones que fueron ofrecidos por la defensa.
El frente limpio del despacho de Javier Nájera es el prestigiado Lic. Agustín Acosta, quizá el socio más visible de este, quien junto con la influencia y músculo de su socio Roberto Ibinarriaga, cuenta con una amplísima red de influencia que alcanza tanto a MP como a jueces de control y que ha sido curada con cuidado desde hace 20 años. Tuvo una larga carrera en la entonces Procu del DF. Sin embargo, y a pesar de aparecer abiertamente en la página de internet del despacho, nunca se autoriza en los escritos ni se aparece en las audiencias; solo da impulso a los casos en que le piden sus socios participar. Vamos, cuando les falta razón, Roberto Ibinarriaga entra en acción. Es por esta falta de rastro que en la fiscalía preguntan, cuando pasa, si nadie vio un fantasma.
Súmele a la lista a Julián Pérez-Duarte Arredondo, exintegrante de este influyente despacho, pero que sigue prestándose para realizar gestiones en el drenaje más profundo. Este joven aspirante a Bernabé Jurado aprovecha su cercanía con Daniel Emiliano Rosales Morales (que ni abogado es), coordinador de asesores de la mismísima fiscal Bertha Alcalde, y que procura constantemente sorprender a la fiscal con relatos a modo, ocultando las verdaderas malas artes que se dan en las carpetas y que suponen una franca colusión entre los MP y los abogados de Nájera.
La fiscalía, al ver que no había fundamento jurídico y evidenciarse las tranzas e irregularidades en el trámite de la carpeta, pidió cancelar la audiencia con el fin de valorar el asunto y determinarlo correctamente. Pero cómo ven que un juez de control en funciones de trámite (solo agendar audiencias y resolver cuestiones menores), Daniel Espinoza Ramírez, decidió que no, que mejor se debatiera. Una muestra más de la grosera parcialidad e influencia de los abogados de esta finísima persona, porque como dice la Biblia: por sus abogados los conoceréis…
¿Qué querían debatir si el MP ya dijo que no iba a imputar? Buscaban dos cosas: tener en el banquillo de los acusados a dos personas sin que existieran elementos en su contra y que el Poder Judicial forzara al MP a actuar de acuerdo con los intereses del señor Nájera. Así nomás.
Sin embargo, y con crédito al Tribunal, el desenlace de la audiencia fue claro: la jueza de control que finalmente llevó la audiencia inicial la dejó sin materia. Era evidente: si la fiscalía ya había dicho que no formularía imputación, la audiencia era innecesaria. Pero lo más grave fue que uno de los socios del despacho manifestó abiertamente en la audiencia conocer la teoría del caso de la fiscalía. ¿Cómo? Si eso solo se revela al momento de la imputación. La respuesta es obvia: colusión descarada entre los abogados de Nájera y los MP mencionados.
La fiscalía ha empezado a corregir arbitrariedades. Este caso no es solo sobre Nájera, sino sobre el sistema y los abogados que protegen a gente como él: MP que esconden constancias, que luego tratan de ponerlas en orden para que no se note; jueces que insisten en audiencias innecesarias, y operadores en las sombras –como Agustín Acosta y Roberto Ibinarriaga– que buscan imponer agenda y también forzar al sistema judicial.
Parte de la respuesta está en los clientes: mientras los clientes pidan abogados a la Bernabé Jurado, existirán abogados que abnegada y agresivamente los sirvan.

