Morena presentó una iniciativa en el Senado de la República que plantea agregar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo que especifique la prohibición a los empleadores de exigir la constancia de no antecedentes penales a candidatos en procesos de reclutamiento, a menos que la naturaleza del puesto lo exija.
De acuerdo con Juan Carlos Loera de la Rosa, impulsor de la propuesta, esta pretende evitar la discriminación laboral. Y es que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitar documentos con esta información puede restringir oportunidades laborales, "vulnerar su dignidad e impedir la igualdad de las personas".
Eliminar la solicitud de antecedentes penales garantiza el derecho al trabajo
Loera de la Rosa explicó que la Constitución promueve el derecho de las personas a dedicarse a la profesión, industria o actividad que se desee, por lo que cualquier restricción debe estar debidamente justificada. Agregó que el artículo 18 de la Carta Magna incorpora el mandato de reinserción social "como un deber estatal que no debe ser obstaculizado por exclusiones laborales".
De acuerdo con el legislador, su propuesta de prohibir las constancias de antecedentes como filtro de contratación está alineada con las normas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En su capítulo correspondiente al tema laboral, el T-MEC indica la eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.
El senador advirtió que las personas con antecedentes penales, en especial cuando han cumplido una condena, son propensas a la estigmatización y la exclusión social. Por ello, dijo, es congruente contar con "una política legislativa orientada a prohibir filtros generalizados e indiscriminados".
¿En qué casos se puede solicitar la carta de antecedentes no penales?
Cabe señalar que la prohibición de solicitar la carta de antecedentes no penales fue aprobada por la Cámara de Senadores en 2023. La iniciativa presentada por el legislador de Morena busca que dicha prohibición quede debidamente establecida a través de la adición al artículo 133 de la LFT.
Como señala El Financiero, existen una excepción a este veto para ingresar, permanecer o ascender en los puestos de trabajo. Según el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las instituciones de seguridad pública o privada pueden solicitar este documento en sus procesos de contratación. Otros casos en los que se requiere son, según El Economista, los siguientes:
- Cuando este documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal.
- Cuando sea necesario para ejercer un derecho o cumplir con un deber legal.
- En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible.
- Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.
