CARACAS.– La Justicia venezolana comenzó este viernes a otorgar la libertad plena a presos políticos apenas un día después de la aprobación de una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino. Según cifras oficiales, el beneficio alcanza a 379 personas, aunque el proceso de excarcelaciones se desarrolla de manera gradual y fragmentada, lo que mantiene en vilo a familiares y organismos de derechos humanos y alimenta la expectativa por la eventual liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani, sobre quienes no hay aún confirmaciones oficiales.

“Se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía (…) en total a 379 personas”, informó el viernes el diputado Jorge Arreaza en una entrevista televisiva. Según explicó, las excarcelaciones debían concretarse “entre la noche del viernes y la mañana del sábado”.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó a la agencia AFP que hasta el sábado solo se habían concretado 80 liberaciones, todas en Caracas. “Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, señaló tras un acto oficial, sin brindar detalles sobre los beneficiarios ni sobre el cronograma del resto de los casos.

Además, Rodríguez indicó que la ley de amnistía beneficiará con libertad plena a los 11.000 presos políticos que en casi tres décadas estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional. “Están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron, por el sistema de justicia de Venezuela, medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privadas de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena”, dijo en una rueda de prensa.

Incertidumbre por los argentinos

En este contexto de liberaciones selectivas y parciales, crece la preocupación por la situación de los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani. A diferencia de otros detenidos, no se registraron hasta el momento anuncios oficiales ni confirmaciones judiciales que indiquen que estén incluidos entre los beneficiarios de la amnistía, según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales y de organizaciones de seguimiento.

Más temprano, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal —una de las principales ONG que monitorean la situación de los presos políticos en Venezuela—, indicó a The Associated Press que se habían registrado “algunos liberados en el estado de Barinas”, pero aclaró que el proceso de verificación seguía en curso y que no existía aún un listado completo y validado de personas excarceladas.

La nueva ley de amnistía excluye expresamente a condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar, un punto que generó fuertes críticas entre organismos defensores de derechos humanos, que reclaman una aplicación más amplia.

“Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos”, denunció el sábado en la red social X el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. Sin una revisión de esos criterios, advirtió, “no puede hablarse de convivencia nacional”.

Reclamos en la calle

Mientras tanto, la presión social se intensifica. “¡Queremos irnos para nuestras casas!”, gritaban este sábado familiares de presos políticos que desde hace días acampan frente a distintas cárceles del país para exigir mayor celeridad y transparencia en las liberaciones.

La ley de amnistía, promulgada el jueves, fue presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”. Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense y promueve la medida en medio de la presión de Washington, con el que inició un proceso de normalización diplomática que incluyó concesiones en el control del sector petrolero.

Pese a ese discurso oficial, organizaciones de derechos humanos consideran que la norma es insuficiente y restrictiva. “Esperemos que sea verdad”, dijo a la AFP Génesis Rojas, a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas, donde hasta ese momento no se habían registrado liberaciones.

Los familiares permanecen allí desde hace más de un mes y medio, cuando Rodríguez anunció una primera ronda de excarcelaciones con libertad condicional que benefició a 448 personas, según Foro Penal. Aun así, la ONG estima que más de 600 presos políticos continúan detenidos.

“¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? ¡Libérenlos, todos son inocentes!”, gritaba un grupo durante la madrugada del sábado frente a Zona 7, donde un cordón policial impedía el paso. “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros”, reclamó Yessy Orozco, cuyo padre permanece detenido allí.

El sábado también fue día de visitas en algunos centros de detención. “Mi esposo está bien, gracias a Dios lo vi bien”, relató una mujer que pidió reserva de identidad. “Seguimos a la espera; ojalá no sea una burla lo que dijeron”.

En paralelo, un grupo de mujeres sostuvo una huelga de hambre que ya superó los cinco días. En un cartel colocado junto a una de las detenidas se leía: “En recuperación. Sin respuestas”.

En las afueras de la cárcel El Rodeo I, también cerca de Caracas, los familiares temen que los presos hayan iniciado una huelga de hambre en rechazo a las exclusiones previstas en la ley. Según Foro Penal, ese penal alberga unos 120 detenidos, muchos de ellos vinculados a causas militares, que no están alcanzadas por la amnistía.

Más de 1500 solicitudes

Venezuela recibió 1557 solicitudes de perdón tras la sanción de la ley. “Se están atendiendo de inmediato y en estos momentos ya se están dando cientos de liberaciones”, afirmó Jorge Rodríguez en un acto oficial. Indicó que hay trámites en curso en centros como Zona 7 y El Helicoide, aunque sin precisar cifras.

La oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años que las detenciones son utilizadas como herramienta de represión política, acusaciones que las autoridades niegan. Mientras tanto, familiares y defensores siguen esperando listas claras, plazos concretos y confirmaciones oficiales que disipen la incertidumbre.

Agencias Reuters, AP y AFP