Las desapariciones de menores de edad en México muestran un incremento sostenido desde 2007. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el 2025 ha sido el año con la cifra máxima de casos por resolver desde que se llevan registros. La trata y reclutamiento forzado estarían detrás de las cifras, según los expertos.
Del 1 de enero de 2018 al 15 de febrero de 2026 se han registrado un total de 10,383 niñas, niños y adolescentes desaparecidos y no localizados, de los cuales 51.43% son mujeres, 48.42% hombres; en 0.15% de los casos el sexo fue clasificado como indeterminado.
Las cifras muestran un repunte desde 2007, con una aceleración especialmente importante desde 2018, cuando se documentaron 600 casos; si se compara ese año con el 2025, cuando la cifra ascendió a 2,236 menores desaparecidos, hay un aumento de 1,636 casos (272.7%).
El crecimiento en dicho periodo ha sido constante, pues en 2019 se reportó la desaparición y no localización de 789 menores; en 2020, los registros subieron a 878, un incremento de 11.3 por ciento. Para 2021 las desapariciones crecieron a 998 casos, lo que implicó un alza de 13.7 por ciento.
Para 2022, la cifra llegó a 1,058, con un crecimiento más moderado de 6%, aunque el repunte se intensificó en 2023, cuando se reportaron 1,454 desapariciones, es decir, 396 casos más que el año previo, un incremento anual de 37.4 por ciento.
El salto más pronunciado se dio entre 2023 y 2024. En 2024, las desapariciones de personas de 0 a 17 años alcanzaron 2,142 casos, lo que significó 688 casos adicionales respecto a 2023 y un aumento anual de 47.3%; mientras que para 2025 se reportaron 94 infancias desaparecidas más que el año anterior.
A nivel nacional, el Estado de México encabezó la lista con 2,399 casos acumulados en el periodo, lo que representa casi una cuarta parte del total nacional. Le sigue la Ciudad de México, con 1,241 desapariciones, incluyendo la mayoría de los casos con sexo indeterminado. Nuevo León, con 688 casos, Jalisco, con 344, y Michoacán, con 478.
Por grupos de edad, los datos mostraron que la adolescencia es el tramo con mayor riesgo.
El grupo de 15 a 17 años de edad concentró 5,286 casos, equivalentes a más del 50% del total nacional de desapariciones de menores de edad. Le siguió el rango de 10 a 14 años de edad, con 2,453 casos totales. En los grupos más pequeños, de 0 a 4 años se registraron 1,393 casos, y en el rango de 5 a 9 años, 1,251.
El incremento sostenido de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México no sólo refleja una crisis de seguridad, sino también una falla estructural del Estado para proteger a este sector de la población, advirtieron especialistas.
Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó que, los patrones detrás de estas desapariciones son claros y profundamente preocupantes. Sobre las mujeres, particularmente adolescentes, la mayoría de los casos están relacionados con redes de trata, mientras que en los hombres el fenómeno está ligado al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
“Estamos hablando de una niñez y adolescencia que no está siendo cuidada, que no tiene alternativas reales para construir una vida libre de violencia y que se vuelve fácilmente captada por estas redes criminales”, señaló.
El defensor de derechos humanos criticó que las autoridades sólo reaccionen ante casos emblemáticos o mediáticos, como ocurrió con el rancho Izaguirre, donde se documentaron esquemas de reclutamiento de jóvenes, pero después el tema desaparece de la agenda pública. “Se habla del problema cuando está de moda, se lanzan campañas, pero no hay una estrategia sostenida de prevención ni presupuestos que ofrezcan oportunidades reales de desarrollo en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, señaló que el registro de desapariciones parte del principio de máxima protección —toda ausencia de una persona menor se considera desaparición por la posibilidad de que sea víctima de un delito—, lo que eleva los números. Sin embargo, insistió en que sin datos claros sobre causas, estatus y seguimiento, resulta imposible evaluar la efectividad de las acciones del Estado.
La investigadora apuntó a patrones regionales. Entidades como Guanajuato y Sinaloa concentran dinámicas asociadas a delincuencia organizada y zonas altamente pobladas como la Ciudad de México y el Estado de México, presentan otras dinámicas como la sustracción por familiares.
Alertó que la falta de actualización de los registros distorsiona el diagnóstico y debilita la respuesta institucional.
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