Son no pocos puntos de relieve los que marca el recién anunciado acuerdo público-privado para producir vacunas ARN mensajero en territorio mexicano.
No es la primera vez que se utiliza la compra de insumos vitales para la salud —en este caso, vacunas contra Covid-19— como palanca estratégica para detonar una inversión privada importante para México. Se hizo hace tres sexenios con la francesa Sanofi en el año 2009, cuando los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy tras la epidemia de influenza acordaron transferencia tecnológica para producir aquí la vacuna; el proyecto sufrió largos retrasos elevando significativamente el costo, y fue hasta apenas 2023-24 que ya se empezó a producir aquí la totalidad del biológico anti influenza para los mexicanos. Vale recordar que el exsubsecretario López-Gatell criticó acremente dicha negociación.
Sin embargo, ahora, el gobierno morenista retoma esa experiencia con el acuerdo anunciado la semana pasada con miras a producir vacunas ARN mensajero de Moderna en México. En ambos procesos participa la estatal Birmex, y es de esperarse que mejoren los resultados.
El proyecto se estructura en tres fases a lo largo de cuatro años, diseñadas para una transición gradual hasta llegar a la producción al 100% en la planta de Liomont en Ocoyoacac, estado de México: De acuerdo con Sergio Valentinotti, director de Ciencias de la Vida en Liomont, la fase inicial (2026) abarca: Importación del producto terminado desde la planta de Moderna en Norwood, Massachusetts, con la distribución de hasta 10 millones de dosis anuales a través de Birmex, similar a lo que se ha hecho hasta ahora.
Fase intermedia (2027-2028): Transferencia de tecnología para la formulación, llenado y liberación del producto en la planta de Ocoyoacac. Esto implica adaptaciones menores en infraestructura, como almacenamiento a temperaturas de -25 a -30 grados, pero aprovecha la experiencia previa de Liomont con la vacuna de AstraZeneca.
Fase final (a partir de 2028-2029): Fabricación integral en México, incluyendo el principio activo (ARNm), logrando una vacuna completamente nacional que se exporte potencialmente a América Latina.
Se trata de una coinversión tripartita entre la la biofarmacéutica estadounidense Moderna, el laboratorio mexicano Liomont y la empresa estatal Birmex; ésta última con un rol fundamental.
No se han informado montos de inversiones, pero es de esperarse que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Eduardo Clark, habrá negociado un precio competitivo para estas vacunas de última generación durante los siguientes cuatro años. Al culminar el proceso, la producción será 100% mexicana, concentrada en la planta de Liomont en Ocoyoacac, Estado de México, previendo que se fortalezca la autosuficiencia y abasto de vacunas ARN mensajero (ARNm) para los próximos años. A la biofarmacéutica estadounidense no le importa lo que diga Trump —quien ha criticado el nearshoring hacia México— porque, en realidad, en Estados Unidos la FDA no ha tratado bien a Moderna, en principio se ha negado a aprobar su vacuna contra la influenza basada en ARNm.
Por otro lado, llama la atención que esta negociación la haya hecho la Secretaría de Salud (SSA), de David Kersenobich, sin la participación activa de la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard. Aunque el foco es de salud, este es un proyecto de inversión y nearshoring puro, alineado con el Plan México para el desarrollo industrial estratégico: se impulsa la transferencia de tecnología y producción local, inyectando capital y conocimiento técnico tanto de Liomont como de Moderna.
No es bien visto que la SE quede al margen de procesos como éste, que involucran atracción de inversión extranjera y fortalecimiento de cadenas de suministro. De hecho, ni siquiera fue mencionada en el comunicado oficial, lo que plantea preguntas sobre la coordinación intersecretarial en temas de salud con impacto económico.
Otro eslabón fundamental en el que estará sostenido este proyecto es el regulador Cofepris, y la gran incógnita es si tendrá el talento para acompañar y dar respuesta ágil en todo el proceso en vez de ser embudo de trámites como ha venido sucediendo desde hace años en muchas autorizaciones de insumos para una gran parte de las enormes industrias que regula.
Es claro que a la biofarmacéutica estadounidense no le importa lo que diga Trump —quien ha criticado el nearshoring hacia México— porque, en realidad, el regulador FDA no ha tratado bien a Moderna. En principio se ha negado a aprobar su vacuna contra influenza basada en ARNm (mRNA-1010). De hecho, a inicios de febrero FDA rechazó incluso revisar la solicitud de aprobación, argumentando que el diseño del ensayo clínico fase 3 no era adecuado ni bien controlado al no comparar con el estándar de cuidado óptimo disponible en EE.UU. Fue decisión controvertida, ya que el director del Centro de Evaluación e Investigación de Biológicos (CBER), Vinay Prasad, anuló recomendaciones internas de científicos de la FDA que apoyaban la revisión, y contradice comunicaciones previas de la agencia que avalaban el estudio de Moderna.
Pues resulta que la cadena de Farmacias Similares —conocida popularmente como Dr. Simi— rompe con su modelo de negocio históricamente centrado en genéricos y similares intercambiables a precios accesibles; decide incursionar en la venta de medicamentos de patente. Empezó con productos innovadores de laboratorios como Sanofi ofreciendo descuentos por paquetes de 3. Se ve que su capitán Victor González Herrera quiere capturar segmentos de consumidores que buscan opciones de marca buscando precio, y con ello potencia su red de más de 8,000 sucursales frente a cadenas como Walmart o Sanborns. Este enfoque híbrido impulsa la dinámica de precios en el sector.
maribel.coronel@eleconomista.mx

