El departamento solicitó a las empresas identificar las cuentas que no contienen el nombre de una persona real y que han rastreado a agentes del ICEEl departamento solicitó a las empresas identificar las cuentas que no contienen el nombre de una persona real y que han rastreado a agentes del ICE

La estrategia del DHS para que Google, Facebook e Instagram revelen quiénes están detrás de cuentas anti-ICE

2026/02/16 04:24
Lectura de 3 min

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar solicitudes a empresas tecnológicas como Google y Meta (dueña de Facebook e Instagram) para obtener datos privados de cuentas que rastrean a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Citaciones administrativas en redes sociales

De acuerdo con The New York Times, cuatro funcionarios del sector tecnológico confirmaron que Google, Reddit, Discord y Meta han recibido citaciones administrativas por parte del DHS.

El DHS ha intensificado su uso para identificar cuentas anónimas que reportan redadas o actividades de ICE

En las solicitudes, el departamento les pide a las empresas identificar las cuentas que no contienen el nombre de una persona real y que han criticado al ICE o indicado la ubicación de sus agentes.

Las empresas tecnológicas, que pueden decidir si proporcionan o no la información solicitada, han señalado que revisan las solicitudes antes de atenderlas. En algunos casos, notificaron a las personas cuyos datos habían sido requeridos por el gobierno.

La administración Trump habría puesto un plazo entre diez y 14 días a las empresas tecnológicas

“El gobierno se está tomando más libertades que antes”, dijo Steve Loney, abogado supervisor sénior de la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania. “Es un nivel distinto de frecuencia y falta de rendición de cuentas”, agregó.

La postura del DHS y las empresas tecnológicas ante la nueva normativa

El organismo sostiene que está dentro de su poder legal investigar lo que clasifican como “amenazas a sus propios oficiales o impedimentos a sus oficiales”. Esto incluye identificar cuentas que publican sobre redadas activas en redes sociales.

Desde este punto, afirma poseer una “amplia autoridad” para emitir citaciones administrativas. A diferencia de las órdenes de arresto, el DHS argumenta que estas citaciones no requieren la aprobación previa de un juez para ser válidas y obligar a las empresas tecnológicas a entregar datos.

El DHS asegura que tienen en su poder investigar lo que clasifican como “amenazas a sus propios oficiales o impedimentos a sus oficiales”.

Cada compañía se maneja de diferentes formas ante el pedido federal. En el caso de Google, prevén informar a los usuarios que estén citados y buscarán tanto cumplir con la ordenanza como la protección de datos de sus clientes.

“Cuando recibimos una citación, nuestro proceso de revisión está diseñado para proteger la privacidad del usuario y, al mismo tiempo, cumplir con nuestras obligaciones legales”, declaró una portavoz de Google en un comunicado publicado en las últimas horas.

Google prevé informar a los usuarios afectados por la investigación coordinada del DHS

Luego, agregó: “Informamos a los usuarios cuando sus cuentas han sido citadas, salvo que exista una orden judicial que lo prohíba o en circunstancias excepcionales. Revisamos todas las demandas legales y rechazamos las que son excesivamente amplias”.

Antecedentes del pedido de datos a empresas tecnológicas

Durante el primer mandato de la administración Trump, algunas compañías se mostraron en contra de compartir los datos de sus usuarios. En 2017, X (antes conocido como Twitter) demandó al gobierno federal para detener una citación administrativa que le exigía desenmascarar una cuenta crítica del gobierno.

“Una tradición ancestral de libertad de expresión bajo seudónimo en asuntos de interés público está profundamente arraigada en la vida política estadounidense”, declaró Twitter en su presentación.

“Estos intereses amparados por la Primera Enmienda alcanzan su máximo esplendor cuando, como en este caso, el discurso en cuestión afecta a asuntos de la vida política pública”, agregó aquella vez.

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